Durante varias semanas, el Banco de Alimentos Cali llevó a cabo el seguimiento a una de las 433 organizaciones sociales que atiende, para determinar si estaría incurriendo en una grave falta: vender la comida que se le entrega para atender a la población vulnerable de la ciudad.
De esta forma, el BAC logró establecer que, a través de una red social, algunos integrantes de este comedor comunitario ubicado en el barrio Mariano Ramos, ofrecían a bajo costo, los productos que recibían. Igualmente, citaban a sus compradores en una vivienda del mismo sector, en donde almacenaban los productos. En la fachada del predio, inclusive pegaban letreros promocionales para llamar la atención de los transeúntes.
“Bien saben que, así como hay sanciones desde el Banco de Alimentos, también hay un parágrafo donde aparecen las sanciones penales. A veces los líderes no piensan en el daño tan grande que le pueden hacer a los niños o abuelos, porque la honestidad y la transparencia deben caracterizar el trabajo de un excelente líder”, manifestó el presbítero Joaquín Alberto Gómez, director del Banco de Alimentos Cali.
Ante este panorama, la decisión irrevocable fue expulsar a esta organización de nuestro grupo de beneficiarios, pues desde su ingreso se firmó un documento en el que se comprometía a no infringir nuestras normas, entre ellas la prohibición de comercializar los productos entregados.
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