En medio de las crecientes dificultades económicas que enfrentan miles de ciudadanos en Santiago de Cali y el resto del país, expertos destacan que la ley de insolvencia no debe entenderse como una simple tabla de salvación, sino como una verdadera herramienta de rescate financiero para quienes atraviesan situaciones críticas por el sobreendeudamiento.
El panorama se agrava debido a las altas tasas de interés en Colombia, consideradas entre las más elevadas en materia de intermediación financiera, lo que impacta directamente en la capacidad de pago de los ciudadanos. A esto se suma el estancamiento salarial, mientras que entidades bancarias como Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente continúan ofreciendo productos crediticios que, en muchos casos, requieren incluso fiadores.
Ante este escenario, cuando las personas no logran cumplir con sus obligaciones financieras, pueden caer en estados de angustia que afectan su bienestar personal y familiar, llevándolos incluso a tomar decisiones drásticas como migrar a otros países en busca de ingresos, lo que termina fracturando núcleos familiares.
Frente a esta realidad, la ley de insolvencia, reforzada bajo la Ley 2445 de 2025, se presenta como una alternativa legal que permite a los deudores reorganizar sus finanzas. Este régimen contempla la posibilidad de acceder a procesos de negociación con acreedores a través de centros de conciliación, como primera etapa, y posteriormente, en caso de no lograr acuerdos, acudir ante jueces civiles municipales.
Imagen generada con AI.
Uno de los aspectos más relevantes es que la normativa permite, cada diez años, la posibilidad de liberarse de las deudas bajo ciertas condiciones, lo que ha generado preocupación en el sector bancario debido al incremento de usuarios que optan por este mecanismo, incluso bajo esquemas de “pago cero”.
Sin embargo, la ley también establece que, en caso de que el deudor posea bienes como vivienda o vehículos, estos pueden entrar en procesos de adjudicación regulados, evitando así embargos desproporcionados o remates injustos, y garantizando una salida ordenada a la crisis financiera.
“Así lo manifestó el abogado Mario Jinete Manjarres, vocero oficial de la Asociación Nacional de Abogados Conciliadores, quien destacó la importancia de este mecanismo como una segunda oportunidad para los ciudadanos”.
De esta manera, la ley de insolvencia se consolida como un instrumento clave para brindar una segunda oportunidad a los ciudadanos, permitiéndoles reestructurar sus deudas y recuperar su estabilidad económica sin recurrir a medidas extremas.
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